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Comida chatarra fuera de la escuela: lo que la ley exige a tu cooperativa desde 2025

23 de octubre de 2026 · 5 min de lectura

El acuerdo que reordenó lo que se vende dentro de las escuelas mexicanas ya no es una fecha en el calendario: el plazo para cumplirlo venció a finales de marzo de 2025.

Qué cambió y desde cuándo

Desde el 30 de septiembre de 2024 existe un nuevo marco obligatorio para lo que se vende dentro de las escuelas mexicanas, públicas y particulares, en cualquier nivel: el Diario Oficial de la Federación publicó el "ACUERDO mediante el cual se establecen los Lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, la distribución y el expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludables en alimentación, dentro de toda escuela del Sistema Educativo Nacional" (DOF, Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud, 30 de septiembre de 2024).

El acuerdo entró en vigor al día siguiente de su publicación —el 1 de octubre de 2024— y dio 180 días naturales para que las escuelas de educación básica, media superior y formación para el trabajo ajustaran lo que venden. Ese plazo venció a finales de marzo de 2025: ya no es una fecha futura, es una obligación vigente. Las escuelas de educación superior tienen un esquema distinto, acordado en el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior.

Este acuerdo abroga expresamente el acuerdo anterior sobre el mismo tema, publicado el 16 de mayo de 2014. No es un ajuste al reglamento viejo: es un reglamento nuevo que lo sustituye por completo.

A quién obliga

El acuerdo no habla sólo de "la escuela" en abstracto. Obliga por nombre a:

- Las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional donde se preparen, distribuyan o vendan alimentos y bebidas.

- Los "establecimientos de consumo escolar": cooperativas, comedores, proveedores externos y máquinas expendedoras, participe o no la comunidad escolar en su operación.

- Los proveedores de esos establecimientos, que deben ajustar lo que surten y quedan sujetos a sanción si no lo hacen.

- Las autoridades escolares (la dirección del plantel), responsables de difundir, aplicar y vigilar el cumplimiento dentro de la escuela.

- Las autoridades educativas y sanitarias —incluida la COFEPRIS y sus homólogas estatales— en su ámbito de competencia.

Para una escuela particular, el punto práctico es que la obligación no se resuelve avisando a la cooperativa "ya no vendan refresco": la propia escuela es responsable de vigilar que se cumpla.

Qué no se puede vender

El criterio central del acuerdo es el etiquetado frontal de advertencia: ningún alimento o bebida preenvasado que lleve sellos o leyendas precautorias de exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans o sodio puede prepararse, distribuirse o venderse dentro de la escuela. Tampoco se permiten alimentos a granel con ingredientes industriales de baja calidad nutricional, preparaciones caseras con predominio de grasas, harinas refinadas, sodio o azúcar en exceso, ni el uso de edulcorantes o cafeína en las preparaciones.

El acuerdo también fija metas nutricionales de referencia para el día completo de un estudiante, no límites por producto individual: que las grasas saturadas no superen el 7% del requerimiento energético diario, las grasas trans no superen el 1%, los azúcares no superen el 10% (con mayor beneficio si se logra 5% o menos), y el sodio no pase de 1,600 mg al día. Son los parámetros que la autoridad usa para evaluar si el menú completo de la escuela —no un producto aislado— va en la dirección correcta.

Qué dice la ley si no se cumple

El acuerdo no se queda en recomendación: remite a sanciones ya previstas en otras leyes. Si una escuela o un proveedor incumple, puede quedar sujeto a lo que establecen los artículos 170 y 171 de la Ley General de Educación, que regulan las sanciones a particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, y los artículos 301, 416, 417 y 422 de la Ley General de Salud, que regulan las sanciones administrativas en materia de control sanitario de productos y servicios —desde multa hasta clausura, según la gravedad—. No es una multa simbólica: puede llegar hasta poner en riesgo la autorización para operar como escuela particular.

Sobre los contratos que la escuela ya tenía firmados con sus proveedores antes del 1 de octubre de 2024, el transitorio cuarto del acuerdo da una salida razonable: esos contratos pueden concluir en los plazos originalmente pactados, siempre que no representen un riesgo para la salud de la comunidad escolar. Si sí representan ese riesgo, la escuela tiene que adecuarlos antes de que termine el contrato, no esperar a que venza.

Qué revisar en tu cooperativa esta semana

Una lista corta y concreta para la dirección de la escuela:

- Revisar físicamente, producto por producto, lo que vende la cooperativa, la máquina expendedora y el comedor: si tiene sello de advertencia en el empaque, ya no debería estar ahí.

- Pedir al proveedor una lista por escrito de lo que surte, con fecha, y confirmar que ninguno de esos productos lleva sellos de exceso de calorías, azúcares, grasas o sodio.

- Revisar el contrato vigente con el proveedor de la cooperativa o comedor: si lo que surte representa un riesgo para la salud escolar, hay que renegociarlo antes de que termine, no esperar al vencimiento.

- Capacitar a quien atiende la cooperativa, sea personal de la escuela o del proveedor, sobre qué productos ya no se pueden ofrecer, para que la responsabilidad no caiga sólo en quien cobra en la caja.

- Documentar por escrito estas revisiones: ante una inspección, la autoridad escolar es responsable de demostrar que vigiló, no sólo que avisó.

Los artículos de sanción citados arriba —Ley General de Educación 170 y 171, Ley General de Salud 301, 416, 417 y 422— son los que aplican si la revisión no se hace: conviene tratarlos como el estándar real de cumplimiento, no como una referencia de fondo.