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Educación inclusiva: lo que la ley exige a tu escuela particular con alumnos con discapacidad

26 de octubre de 2026 · 5 min de lectura

Negar la inscripción, expulsar o condicionar la permanencia de un estudiante con discapacidad ya no es una decisión que el plantel pueda tomar solo: la Ley General de Educación lo tipifica como infracción, con multa de hasta 117 mil pesos.

Una ley que tuvo que reescribirse

En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválido el capítulo de la Ley General de Educación dedicado a la educación inclusiva, al resolver una acción de inconstitucionalidad. La sentencia se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2023, y obligó al Congreso a reescribir ese capítulo desde cero, con una consulta previa a personas con discapacidad y sus organizaciones.

El resultado llegó como un decreto publicado en el DOF el 7 de junio de 2024, que reforma los artículos 61 a 68 de la Ley General de Educación. No es una recomendación ni una guía de buenas prácticas: es un capítulo vigente de una ley federal, y esa ley aplica a todo el Sistema Educativo Nacional, lo que incluye a las escuelas particulares que operan con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE).

Qué obliga exactamente la ley

El artículo 62 establece que debe asegurarse la educación inclusiva en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones del sistema, con énfasis en quienes están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. Entre los puntos que fija esa obligación están, en el propio texto: hacer los ajustes razonables según las necesidades de cada estudiante, otorgar los apoyos necesarios, y supervisar periódicamente que esas acciones se cumplan.

El artículo 65 baja ese principio a medidas concretas. Entre otras:

- facilitar el aprendizaje del Braille y de otros medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos;

- garantizar que las personas sordas puedan aprender Lengua de Señas Mexicana, además del español como segunda lengua;

- ofrecer a estudiantes con discapacidad visual, auditiva, intelectual, psicosocial, de lenguaje o motriz una educación en los lenguajes y medios que les permitan su máximo desarrollo;

- realizar ajustes razonables para quien los necesite, no sólo personas con discapacidad, también estudiantes con aptitudes sobresalientes o con algún trastorno de aprendizaje.

"Ajuste razonable" no es una frase decorativa. En la práctica significa adaptar algo concreto —el formato de un examen, el acceso físico a un salón, el tiempo asignado para una tarea, el apoyo de un intérprete— para que un estudiante pueda aprender en condiciones comparables a las de sus compañeros, sin que esa adaptación dependa de si el plantel tiene ganas o presupuesto ese ciclo escolar.

Lo que la ley prohíbe de forma explícita

El artículo 170 de la misma ley enumera las infracciones en que puede incurrir quien presta el servicio educativo, particulares incluidos, no sólo escuelas públicas. La fracción XV de ese artículo es explícita: tipifica como infracción expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas con discapacidad o con problemas de aprendizaje, así como condicionar la admisión o la permanencia de un estudiante a que se someta a un tratamiento médico, o presionar a madres, padres o tutores para que lo acepten. La ley deja una salvedad: esa prohibición no aplica si existe una causa debidamente justificada a juicio de la autoridad educativa, es decir, la escuela no puede tomar esa decisión por su cuenta.

El artículo 171 fija la sanción para esa fracción: una multa de 100 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que puede duplicarse si el plantel reincide. Con el valor de la UMA vigente desde el 1 de febrero de 2026 —117.31 pesos diarios, según el comunicado del INEGI publicado el 8 de enero de 2026—, esa multa equivale a un rango de 11,731 a 117,310 pesos, y hasta el doble en caso de reincidencia.

Qué significa esto para una escuela particular, en concreto

Esto no sustituye lo que tu plantel ya haga con educación especial o con una Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), si está incorporado a ese esquema. Lo que cambia es que hay un estándar legal específico contra el que ya se puede medir cualquier decisión del día a día:

- Negarle la inscripción a un aspirante por su discapacidad, sin que medie una causa justificada ante la autoridad educativa, es una infracción tipificada, no sólo una mala práctica.

- Expulsar o sugerir el cambio de escuela a un estudiante con discapacidad porque el plantel "no está preparado" cae en la misma fracción.

- Condicionar que un estudiante se quede en la escuela a que siga un tratamiento médico específico, o presionar a la familia para que lo acepte, también.

- No evaluar siquiera si existe un ajuste razonable posible, cuando un estudiante o su familia lo solicita, contradice de forma directa el artículo 62.

Qué hacer en la práctica

Una revisión corta, aplicable esta misma semana:

1. Revisar el proceso de admisión: ¿existe algún filtro, escrito o de facto, que excluya a aspirantes por su discapacidad sin pasar por la autoridad educativa?

2. Tener un procedimiento simple para que una familia pida un ajuste razonable, y dejar constancia de qué se evaluó y qué se decidió, aunque la respuesta final sea que cierto ajuste no es viable en ese momento.

3. Revisar la accesibilidad física básica del plantel: rampas, baños, señalización, acceso a los salones donde se imparten las materias obligatorias.

4. Si el plantel tiene estudiantes con discapacidad visual o auditiva, verificar si existen formatos accesibles para materiales clave: exámenes, circulares, boletas.

5. No usar el argumento de "no estamos preparados" como motivo de expulsión o de no renovar la inscripción, sin que medie una evaluación de la autoridad educativa, tal como exige el artículo 170.

Nada de esto exige una reforma del plantel de un día para otro. Lo que la ley sí exige es que la decisión de incluir o no a un estudiante con discapacidad deje de depender únicamente del criterio del plantel, y se convierta en un proceso que la escuela pueda documentar, y si hace falta, defender ante la autoridad educativa.